jueves, 22 de noviembre de 2012

Vivienda: ideología y tragedia


En estos días, el drama de los desahucios y sobre todo la trágica muerte de varios ciudadanos que se han visto empujados al suicidio ante la perspectiva de ser desahuciados de sus casas, ha colocado el tema de la vivienda en los primeros puestos de la agenda política de los partidos, y en las portadas de los principales medios de comunicación. Evidentemente, el tema no es nuevo, los desahucios por impago de la hipoteca han existido siempre y siempre han sido dramáticos, pero en el contexto de esta crisis, el impago es el efecto de una situación sobrevenida que ha mermado los ingresos de miles de familias y que, en la mayoría de los casos, poco o nada ha tenido que ver con un comportamiento irresponsable de los compradores.

El caso es que ante las últimas muertes –siendo un tanto malpensado, diría incluso que sólo tras el suicidio de una “colega” del gremio, ex edil del PSOE–, el Gobierno y el principal partido de la oposición, que gobernó durante las dos anteriores legislaturas, se han llevado las manos a la cabeza y han declarado prioritario frenar los desahucios para los casos más dramáticos.

Como era de esperar, tras mucho autobombo por parte de ambos partidos sobre su “sensibilidad”, el acuerdo no ha llegado a producirse, y las urgentes medidas adoptadas por el Gobierno en solitario no han arreglado casi nada para casi nadie. Las condiciones necesarias para optar a la moratoria de dos años son tan restrictivas, que ninguno de tres últimos suicidios que motivaron la alarma social que movió al Gobierno a redactar el decreto se habría evitado, pues ninguna de las víctimas cumpliría con los requisitos. Para colmo, no se trata de una moratoria para poder posponer el pago de la hipoteca, o reducir las cuotas, con el fin de que la familia pueda conservar su casa y no sea desahuciada, sino que el banco pasa a ser automáticamente el dueño de la casa, pudiendo venderla a un tercero, y lo único que se retrasa dos años –durante los que seguirá pagando hipoteca y generando intereses, incluidos intereses de demora–  es el desalojo de la familia.

Más allá de medidas coyunturales como este desastre de ley, que no puede sorprender ya a nadie que haya estado viviendo en este país en el último año, creo que es interesante ver la ideología –llamese capitalismo, liberalismo, egoismo, individualismo o ley del más fuerte– que hay detrás de la política de vivienda en los países capitalistas en general y en España de forma más concreta. Como veremos, las sociedades democráticas capitalistas son profundamente hipócritas y se justifican a si mismas a base de falacias y mentiras. De las sociedades capitalistas no democráticas, como puedan ser Arabia Saudí, o cualquier otro país amigo de oriente medio (es decir, cualquier país de oriente medio con petróleo) es mejor no hablar.

¿Tenemos derecho a una vivienda?



Para empezar, prácticamente todas las democracias occidentales han suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la viviendala asistencia médica...”. El concepto de “vivienda digna y adecuada” fue definido claramente por el Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4, para dejar claro que el derecho a una vivienda no se limita a un techo sobre la cabeza, sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. 

Muchos de estos países, además, han reflejado estos principios a su propio ordenamiento jurídico. Sin ir más lejos, España lo tiene como uno de los derechos esenciales recogidos en la Constitución. Concretamente, el Artículo 47 de la Constitución Española dice:


“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Hasta aquí nada que objetar… si algo de esto se cumpliera, claro. Analicemos detenidamente el artículo, y contrastémoslo con la realidad:

  • La interpretación que algunos de nuestros gobernantes hacen de la frase “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, ya hayan sido gobiernos de la UCD, del PSOE o del PP, es que esto viene a ser una declaración de intenciones que no se debe tomar al pie de la letra. Una “meta deseable”, pero en ningún caso exigible. Podría pasar por cierto, si no fuera porque a renglón seguido leemos que los poderes públicos han de tomar medidas para "hacer efectivo este derecho", es decir, que la propia constitución dice que esto no debería quedarse en una mera declaración de intenciones, sino que hay que hacerlo realidad a través de las políticas y acciones de los poderes públicos. Otros argumentan que este derecho, en realidad, lo que implica es que nadie en España puede impedirle a un español que adquiera una vivienda digna, siempre que éste se ponga de acuerdo con el vendedor en el precio y tenga dinero para pagarla. El absurdo de esta interpretación es mayúsculo, porque el derecho a comprar y poseer cosas ya viene consagrado como derecho a la propiedad privada, lo que haría este artículo completamente innecesario y superfluo  En este sentido, no tendría un significado cualitativamente distinto a decir que todos los españoles tienen derecho a "disfrutar" de una vivienda indigna. Tampoco sería distinto a asegurar que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de un yate, o ya puestos, que todos los españoles tienen derecho a comprarse unas orejeras de felpa (siempre, claro está, que tengan dinero para pagarlas)
  • La segunda parte del artículo, es como para tatuárselo en la frente a nuestros gobernantes a la manera de la película de Tarantino "Malditos bastardos". Se supone que nuestros poderes públicos, deberían "regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", es decir, ¡Todo lo contrario a lo que los gobiernos de uno y otro signo llevan haciendo décadas! No soy jurista, pero si un gobernante, un funcionario público, toma medidas a sabiendas de que van contra la ley, eso se llama prevaricación, y tanto  los gobiernos de Aznar que aprobaron la liberalización del suelo dando pie a una descomunal burbuja inmobiliaria especulativa, como los siguientes gobiernos del PSOE que no solo no frenaron esta burbuja, sino que siguieron inflándola, deberían pasar por los tribunales. Los que además negaron en su momento –mientras el acceso a la vivienda se hacía más y más caro y obligaba a los que querían adquirirla a suscribir hipotecas de por vida–, que existiera dicha burbuja y que ahora se hacen los sorprendidos, merecerían además de la cárcel la inhabilitación de por vida para cualquier cargo público. Curiosamente, algunos de ellos están hoy en día de nuevo en el gobierno, o son cabezas visibles del principal partido de la oposición.
  • La última parte del artículo 47, reconozco que es menos concreta. Decir que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, deja abierta a la interpretación a qué comunidad se refiere. Por los hechos que conocemos –y aún más por los que no conocemos- y el clima de corrupción generalizada, parece claro que nuestros políticos han entendido siempre que esta comunidad es la de sus amiguetes y familiares.

Algunos dicen también que simplemente es imposible, que no se puede pagar, o que la libertad implica también la libertad de fracasar y que cada uno ha de asumir la responsabilidad última de acabar viviendo debajo de un puente. También que si el Estado proporcionase a todo el mundo una vivienda digna, la gente no se esforzaría en trabajar, prosperar y poder adquirir una vivienda. Pero lo cierto es que todas estas objeciones, componendas y claros incumplimientos de un derecho básico de rango constitucional, incluido además como parte de los derechos humanos fundamentales, no se deben a otra cosa que a la ideología depredadora y de rapiña capitalista. La sociedad capitalista no es capaz de considerar siquiera que la vivienda, al igual que pasa con el trabajo, sea realmente un derecho, y por tanto lo trata como cualquier otra mercancía, sujeta a las leyes del mercado. Guste o no, y con todos sus defectos, la única forma de organización social que ha asegurado la vivienda y el pleno empleo –y que por tanto ha demostrado que no es imposible- es el socialismo.

Compra de vivienda frente a alquiler


Otro gran tema recurrente es el de que el problema de la vivienda en España es consecuencia de la manía de tener una vivienda en propiedad, frente a otros países europeos o frente a la realidad de los EEUU, donde la gente vive mayoritariamente de alquiler. Curiosa crítica de quienes nunca han establecido un parque realmente accesible de viviendas de alquiler a precios bajos, y que han incentivado de forma irresponsable la compra con desgravaciones fiscales y el acceso barato al crédito.

No tengo nada en contra de que, quien así lo desee, alquile su vivienda en lugar de comprarla, e incluso coyunturalmente, me parece necesario incrementar el parque de viviendas de alquiler, pero es necesario abrir los ojos al poso ideológico de esta afirmación, al modelo social que propugna: una sociedad con un pequeño número de propietarios rentistas que vivan de los alquileres, y una gran masa de trabajadores sin nada de su propiedad, más allá del derecho de vivir en una casa de propiedad ajena mientras sea capaz de ir pagándolo. Un ejército de trabajadores sin arraigo a un territorio, que puedan ser movilizados y trasladados a conveniencia de las empresas en las que trabajan. Ese es el modelo que nos venden como alternativa a la posesión de una casa propia y un hogar familiar estable.

Por otro lado, resulta curioso como la costumbre de comprar en lugar de alquilar ha sido utilizada de forma ladina para establecer como hechos realidades inventadas. Una de ellas, sobre la que se apoyan para decir que los trabajadores hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que nuestros sueldos han crecido a mayor ritmo que nuestra productividad y a mayor ritmo que los sueldos alemanes.

Para ello se utilizan datos de la evolución de los salarios, descartando el efecto de la inflación. Lo curioso del tema es que para calcular la inflación se utiliza el IPC, el Índice de Precios al Consumo, que trata de medir como evolucionan los precios de una cesta de consumo representativa entre dos periodos de tiempo. De esta forma, si al aumento nominal de los sueldos les descontamos el aumento de los precios, podemos ver si en términos reales los sueldos han subido o no respecto al coste de la vida. Parece una metodología bastante sólida, pero no lo es tanto.

Más allá de la problemática de la medición y comparación entre países de la productividad a través de los costes salariales unitarios, como suele hacerse (sin tener prácticamente en cuenta factores básicos, como si los medios técnicos y organizativos proporcionados por el empresario a sus trabajadores son equiparables a los de otras economías), está en la propia metodología para comparar la evolución de los salarios reales. El problema en relación a la vivienda, es que mientras que el pago por alquiler está considerado un consumo y entra en el cálculo del IPC con un peso más o menos proporcional, el pago de los plazos de una hipoteca se considera una inversión, y por tanto no se contempla en absoluto dentro del cálculo de dicho indicador. De esta forma, el cálculo de los salarios reales en países como Alemania, con mucha más población viviendo de alquiler, es mucho más sensible a los cambios en los precios de la vivienda, mientras que en España, donde la mayoría de las familias han optado por la compra de vivienda, los salarios reales parecen mucho más altos de lo que realmente son. Los precios de las viviendas se han multiplicado e inflado en una burbuja imposible, y hubo algunos años con el Euribor por las nubes, pero sólo el escaso mercado de vivienda de alquiler se traduce, con un escaso peso, en parte integrante del IPC, haciendo que parezca que nuestros sueldos han subido más en España que en  Alemania. No entraré aquí además a valorar en profundidad que, de media, los sueldos alemanes son ya de por sí bastante más elevados que los españoles, por lo que el que suban más los primeros que los segundos no debería ser un problema, como se argumenta a veces, sino un objetivo deseable.

Volviendo a la vivienda, si de hecho se incluyesen en el cálculo del IPC los cambios tanto en los precios de los pisos, como en las cuotas mensuales de las hipotecas, que una familia española pagaba de media por una hipoteca contratada en 2007, o incluso las que sigue pagando hoy en plena crisis del sector, respecto a lo que pagaba otra familia por una hipoteca de una casa similar en 1997, se vería que el coste de la vida ha ido aumentando enormemente para las familias que iban accediendo a la vivienda más tarde, y que los salarios reales no han crecido más que los alemanes, sino que se han reducido considerablemente respecto a estos y en valor absoluto.

De ahí que muchas personas decidieras meterse en una hipoteca aún a precios muy superiores al valor real de la vivienda, ya que en un sistema en el que los precios subían exponencialmente, (tanto para la compra como para el alquiler) y muy por encima de los salarios, esperar era arriesgarse a llegar a un punto de no retorno en el que ya no fueran capaces de adquirir una vivienda, y dado que las subidas de los precios de compra y alquiler eran parejos, comprar parecía la opción más sensata, y así lo vendían también las inmobiliarias y los propios bancos mientras hacían negocio inflando el mercado

¿Y si la vivienda digna fuera un derecho?


Visto todo lo anterior, sólo nos queda preguntarnos ¿No sería mejor si realmente convirtiéramos la vivienda en un derecho? ¿Puede hacerse? Y por supuesto ¿Cómo?

Mis propuestas, evidentemente, no van a pasar una mayor liberalización del suelo, e incentivos fiscales a la compra de viviendas cada vez más caras. Eso ya se ha demostrado del todo ineficaz. Mis propuestas van directas a la cuestión de base: un derecho se tiene o no se tiene, pero no se compra. Propongo una transición progresiva a una sociedad en la que la vivienda deje de ser un negocio para bancos e inmobiliarias y pase a ser un derecho de los ciudadanos. Nadie, en una sociedad digna, debería verse en la tesitura de no tener una vivienda igualmente digna, y  por tanto propongo:
  1. Establecimiento de una moratoria de dos años en el pago de la hipoteca de la vivienda habitual única, para todas aquellas unidades familiares que demuestren un nivel de ingresos insuficiente para pagar su hipoteca y atender los gastos imprescindibles de comida. Dicha moratoria, no privará a los propietarios de conservar su derecho de propiedad sobre la vivienda.
  2. Transcurridos esos dos años, el banco renegociará con los propietarios el pago del principal e intereses no pagados durante esos dos años. Si aún así el propietario no pudiera atender el pago de la vivienda. La familia en cuestión podrá cancelar la deuda hipotecaria mediante dación en pago, estableciéndose un periodo de 6 meses entre la notificación y el desahucio efectivo
  3. Tras esa primera fase, implantación paulatina de la posibilidad de dación en pago con carácter retroactivo, para el resto de primeras viviendas. Posteriormente implantación progresiva para todas las viviendas.
  4. A toda persona desahuciada que demuestre no tener recursos suficientes para alquilar con su renta familiar una vivienda adecuada a sus necesidades familiares, atendiendo además a los gastos mínimos para vivir dignamente, el Estado le proporcionará una vivienda en régimen de alquiler social, estableciéndose una cuota adecuada a los ingresos y patrimonio de la unidad familiar. Dicha cuota se revisará anualmente, o a petición de los inquilinos ante cambios de la situación económica familiar.
  5. Para poder hacer esto, el Estado se hará con un parque de viviendas, mediante la expropiación forzosa a precios acordes a la situación del mercado actual, de los pisos de las entidades bancarias intervenidas y en la cantidad que sea necesaria. El pago de dichas expropiaciones a las entidades bancarias se realizará mediante títulos de deuda pública. La gestión de ese parque inmobiliario lo llevará el propio Estado, para lo que contratará personal actualmente en paro proveniente de las inmobiliarias afectadas por la crisis, o de otras inmobiliarias que pudieran quebrar o realizar un ERE eventualmente.
  6. Obligación a las entidades intervenidas de poner en el mercado las viviendas que aún tuvieran en su poder tras las expropiaciones.
  7. Asimismo, y si no hubiera suficientes viviendas para satisfacer las necesidades de la población, el Estado asumirá la construcción de nueva vivienda pública protegida. Los puestos de trabajo necesarios para ello, serán preferentemente asignados a personas pertenecientes a las familias desahuciadas a las que se les ha proporcionado vivienda de alquiler social, y a personas en paro, de forma que se reactive la economía, revertiendo además parte de ese dinero al Estado como pago del alquiler.
  8. Asimismo, el Estado reservará una parte de las viviendas construidas o expropiadas para su venta como vivienda protegida a precios económicos.
  9. Establecimiento de altos impuestos a la propiedad de viviendas de particulares, a partir de la 2ª y crecientes según el número de éstas, que no sean alquiladas a terceras personas. En el caso de los bancos e inmobiliarias, se gravará fuertemente toda vivienda no alquilada o que no sea vendida en un plazo máximo de un año tras ponerse en el mercado.

Todas estas medidas harán que:

  1. Los bancos, al establecerse la dación en pago, no prestarán dinero de forma irresponsable, de forma que, inicialmente, la demanda de pisos se frenará.
  2. Las inmobiliarias (y los bancos) se verán obligadas a vender lo más rápidamente posible para intentar minimizar las pérdidas e impuestos. Es probable que muchas no consigan sobrevivir, pero como veíamos en la propuesta 5, el daño se minimizaría, ya que los trabajadores de estas empresas serían reabsorbidos por el propio Estado en su función de promotor de vivienda pública.
  3. El precio de la vivienda en un mercado inundado de inmuebles debido a las medidas adoptadas, y sin las barreras que los están manteniendo artificialmente altos, caerá en picado, haciendo accesible la vivienda a millones de ciudadanos.
  4. Los bancos podrán, de esta forma, conceder de nuevo créditos para la adquisición de estas viviendas baratas, pues tendrán la seguridad de que las familias sí podrán pagarlas.
Me dirán que estoy loco, y que con esto hundiría el mercado inmobiliario, y a excepción de en lo relacionado con mi salud mental tendrían toda la razón. Es más, para convertir la vivienda en un verdadero derecho, considero imprescindible derruir hasta sus cimientos el mercado inmobiliario privado destinado a la primera vivienda. Un mercado que mantiene millones de casas vacías y millones de personas sin casa. Un mercado que jamás debió existir.

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