jueves, 22 de noviembre de 2012

Vivienda: ideología y tragedia


En estos días, el drama de los desahucios y sobre todo la trágica muerte de varios ciudadanos que se han visto empujados al suicidio ante la perspectiva de ser desahuciados de sus casas, ha colocado el tema de la vivienda en los primeros puestos de la agenda política de los partidos, y en las portadas de los principales medios de comunicación. Evidentemente, el tema no es nuevo, los desahucios por impago de la hipoteca han existido siempre y siempre han sido dramáticos, pero en el contexto de esta crisis, el impago es el efecto de una situación sobrevenida que ha mermado los ingresos de miles de familias y que, en la mayoría de los casos, poco o nada ha tenido que ver con un comportamiento irresponsable de los compradores.

El caso es que ante las últimas muertes –siendo un tanto malpensado, diría incluso que sólo tras el suicidio de una “colega” del gremio, ex edil del PSOE–, el Gobierno y el principal partido de la oposición, que gobernó durante las dos anteriores legislaturas, se han llevado las manos a la cabeza y han declarado prioritario frenar los desahucios para los casos más dramáticos.

Como era de esperar, tras mucho autobombo por parte de ambos partidos sobre su “sensibilidad”, el acuerdo no ha llegado a producirse, y las urgentes medidas adoptadas por el Gobierno en solitario no han arreglado casi nada para casi nadie. Las condiciones necesarias para optar a la moratoria de dos años son tan restrictivas, que ninguno de tres últimos suicidios que motivaron la alarma social que movió al Gobierno a redactar el decreto se habría evitado, pues ninguna de las víctimas cumpliría con los requisitos. Para colmo, no se trata de una moratoria para poder posponer el pago de la hipoteca, o reducir las cuotas, con el fin de que la familia pueda conservar su casa y no sea desahuciada, sino que el banco pasa a ser automáticamente el dueño de la casa, pudiendo venderla a un tercero, y lo único que se retrasa dos años –durante los que seguirá pagando hipoteca y generando intereses, incluidos intereses de demora–  es el desalojo de la familia.

Más allá de medidas coyunturales como este desastre de ley, que no puede sorprender ya a nadie que haya estado viviendo en este país en el último año, creo que es interesante ver la ideología –llamese capitalismo, liberalismo, egoismo, individualismo o ley del más fuerte– que hay detrás de la política de vivienda en los países capitalistas en general y en España de forma más concreta. Como veremos, las sociedades democráticas capitalistas son profundamente hipócritas y se justifican a si mismas a base de falacias y mentiras. De las sociedades capitalistas no democráticas, como puedan ser Arabia Saudí, o cualquier otro país amigo de oriente medio (es decir, cualquier país de oriente medio con petróleo) es mejor no hablar.

¿Tenemos derecho a una vivienda?



Para empezar, prácticamente todas las democracias occidentales han suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la viviendala asistencia médica...”. El concepto de “vivienda digna y adecuada” fue definido claramente por el Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4, para dejar claro que el derecho a una vivienda no se limita a un techo sobre la cabeza, sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. 

Muchos de estos países, además, han reflejado estos principios a su propio ordenamiento jurídico. Sin ir más lejos, España lo tiene como uno de los derechos esenciales recogidos en la Constitución. Concretamente, el Artículo 47 de la Constitución Española dice:


“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Hasta aquí nada que objetar… si algo de esto se cumpliera, claro. Analicemos detenidamente el artículo, y contrastémoslo con la realidad:

  • La interpretación que algunos de nuestros gobernantes hacen de la frase “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, ya hayan sido gobiernos de la UCD, del PSOE o del PP, es que esto viene a ser una declaración de intenciones que no se debe tomar al pie de la letra. Una “meta deseable”, pero en ningún caso exigible. Podría pasar por cierto, si no fuera porque a renglón seguido leemos que los poderes públicos han de tomar medidas para "hacer efectivo este derecho", es decir, que la propia constitución dice que esto no debería quedarse en una mera declaración de intenciones, sino que hay que hacerlo realidad a través de las políticas y acciones de los poderes públicos. Otros argumentan que este derecho, en realidad, lo que implica es que nadie en España puede impedirle a un español que adquiera una vivienda digna, siempre que éste se ponga de acuerdo con el vendedor en el precio y tenga dinero para pagarla. El absurdo de esta interpretación es mayúsculo, porque el derecho a comprar y poseer cosas ya viene consagrado como derecho a la propiedad privada, lo que haría este artículo completamente innecesario y superfluo  En este sentido, no tendría un significado cualitativamente distinto a decir que todos los españoles tienen derecho a "disfrutar" de una vivienda indigna. Tampoco sería distinto a asegurar que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de un yate, o ya puestos, que todos los españoles tienen derecho a comprarse unas orejeras de felpa (siempre, claro está, que tengan dinero para pagarlas)
  • La segunda parte del artículo, es como para tatuárselo en la frente a nuestros gobernantes a la manera de la película de Tarantino "Malditos bastardos". Se supone que nuestros poderes públicos, deberían "regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", es decir, ¡Todo lo contrario a lo que los gobiernos de uno y otro signo llevan haciendo décadas! No soy jurista, pero si un gobernante, un funcionario público, toma medidas a sabiendas de que van contra la ley, eso se llama prevaricación, y tanto  los gobiernos de Aznar que aprobaron la liberalización del suelo dando pie a una descomunal burbuja inmobiliaria especulativa, como los siguientes gobiernos del PSOE que no solo no frenaron esta burbuja, sino que siguieron inflándola, deberían pasar por los tribunales. Los que además negaron en su momento –mientras el acceso a la vivienda se hacía más y más caro y obligaba a los que querían adquirirla a suscribir hipotecas de por vida–, que existiera dicha burbuja y que ahora se hacen los sorprendidos, merecerían además de la cárcel la inhabilitación de por vida para cualquier cargo público. Curiosamente, algunos de ellos están hoy en día de nuevo en el gobierno, o son cabezas visibles del principal partido de la oposición.
  • La última parte del artículo 47, reconozco que es menos concreta. Decir que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, deja abierta a la interpretación a qué comunidad se refiere. Por los hechos que conocemos –y aún más por los que no conocemos- y el clima de corrupción generalizada, parece claro que nuestros políticos han entendido siempre que esta comunidad es la de sus amiguetes y familiares.

Algunos dicen también que simplemente es imposible, que no se puede pagar, o que la libertad implica también la libertad de fracasar y que cada uno ha de asumir la responsabilidad última de acabar viviendo debajo de un puente. También que si el Estado proporcionase a todo el mundo una vivienda digna, la gente no se esforzaría en trabajar, prosperar y poder adquirir una vivienda. Pero lo cierto es que todas estas objeciones, componendas y claros incumplimientos de un derecho básico de rango constitucional, incluido además como parte de los derechos humanos fundamentales, no se deben a otra cosa que a la ideología depredadora y de rapiña capitalista. La sociedad capitalista no es capaz de considerar siquiera que la vivienda, al igual que pasa con el trabajo, sea realmente un derecho, y por tanto lo trata como cualquier otra mercancía, sujeta a las leyes del mercado. Guste o no, y con todos sus defectos, la única forma de organización social que ha asegurado la vivienda y el pleno empleo –y que por tanto ha demostrado que no es imposible- es el socialismo.

Compra de vivienda frente a alquiler


Otro gran tema recurrente es el de que el problema de la vivienda en España es consecuencia de la manía de tener una vivienda en propiedad, frente a otros países europeos o frente a la realidad de los EEUU, donde la gente vive mayoritariamente de alquiler. Curiosa crítica de quienes nunca han establecido un parque realmente accesible de viviendas de alquiler a precios bajos, y que han incentivado de forma irresponsable la compra con desgravaciones fiscales y el acceso barato al crédito.

No tengo nada en contra de que, quien así lo desee, alquile su vivienda en lugar de comprarla, e incluso coyunturalmente, me parece necesario incrementar el parque de viviendas de alquiler, pero es necesario abrir los ojos al poso ideológico de esta afirmación, al modelo social que propugna: una sociedad con un pequeño número de propietarios rentistas que vivan de los alquileres, y una gran masa de trabajadores sin nada de su propiedad, más allá del derecho de vivir en una casa de propiedad ajena mientras sea capaz de ir pagándolo. Un ejército de trabajadores sin arraigo a un territorio, que puedan ser movilizados y trasladados a conveniencia de las empresas en las que trabajan. Ese es el modelo que nos venden como alternativa a la posesión de una casa propia y un hogar familiar estable.

Por otro lado, resulta curioso como la costumbre de comprar en lugar de alquilar ha sido utilizada de forma ladina para establecer como hechos realidades inventadas. Una de ellas, sobre la que se apoyan para decir que los trabajadores hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que nuestros sueldos han crecido a mayor ritmo que nuestra productividad y a mayor ritmo que los sueldos alemanes.

Para ello se utilizan datos de la evolución de los salarios, descartando el efecto de la inflación. Lo curioso del tema es que para calcular la inflación se utiliza el IPC, el Índice de Precios al Consumo, que trata de medir como evolucionan los precios de una cesta de consumo representativa entre dos periodos de tiempo. De esta forma, si al aumento nominal de los sueldos les descontamos el aumento de los precios, podemos ver si en términos reales los sueldos han subido o no respecto al coste de la vida. Parece una metodología bastante sólida, pero no lo es tanto.

Más allá de la problemática de la medición y comparación entre países de la productividad a través de los costes salariales unitarios, como suele hacerse (sin tener prácticamente en cuenta factores básicos, como si los medios técnicos y organizativos proporcionados por el empresario a sus trabajadores son equiparables a los de otras economías), está en la propia metodología para comparar la evolución de los salarios reales. El problema en relación a la vivienda, es que mientras que el pago por alquiler está considerado un consumo y entra en el cálculo del IPC con un peso más o menos proporcional, el pago de los plazos de una hipoteca se considera una inversión, y por tanto no se contempla en absoluto dentro del cálculo de dicho indicador. De esta forma, el cálculo de los salarios reales en países como Alemania, con mucha más población viviendo de alquiler, es mucho más sensible a los cambios en los precios de la vivienda, mientras que en España, donde la mayoría de las familias han optado por la compra de vivienda, los salarios reales parecen mucho más altos de lo que realmente son. Los precios de las viviendas se han multiplicado e inflado en una burbuja imposible, y hubo algunos años con el Euribor por las nubes, pero sólo el escaso mercado de vivienda de alquiler se traduce, con un escaso peso, en parte integrante del IPC, haciendo que parezca que nuestros sueldos han subido más en España que en  Alemania. No entraré aquí además a valorar en profundidad que, de media, los sueldos alemanes son ya de por sí bastante más elevados que los españoles, por lo que el que suban más los primeros que los segundos no debería ser un problema, como se argumenta a veces, sino un objetivo deseable.

Volviendo a la vivienda, si de hecho se incluyesen en el cálculo del IPC los cambios tanto en los precios de los pisos, como en las cuotas mensuales de las hipotecas, que una familia española pagaba de media por una hipoteca contratada en 2007, o incluso las que sigue pagando hoy en plena crisis del sector, respecto a lo que pagaba otra familia por una hipoteca de una casa similar en 1997, se vería que el coste de la vida ha ido aumentando enormemente para las familias que iban accediendo a la vivienda más tarde, y que los salarios reales no han crecido más que los alemanes, sino que se han reducido considerablemente respecto a estos y en valor absoluto.

De ahí que muchas personas decidieras meterse en una hipoteca aún a precios muy superiores al valor real de la vivienda, ya que en un sistema en el que los precios subían exponencialmente, (tanto para la compra como para el alquiler) y muy por encima de los salarios, esperar era arriesgarse a llegar a un punto de no retorno en el que ya no fueran capaces de adquirir una vivienda, y dado que las subidas de los precios de compra y alquiler eran parejos, comprar parecía la opción más sensata, y así lo vendían también las inmobiliarias y los propios bancos mientras hacían negocio inflando el mercado

¿Y si la vivienda digna fuera un derecho?


Visto todo lo anterior, sólo nos queda preguntarnos ¿No sería mejor si realmente convirtiéramos la vivienda en un derecho? ¿Puede hacerse? Y por supuesto ¿Cómo?

Mis propuestas, evidentemente, no van a pasar una mayor liberalización del suelo, e incentivos fiscales a la compra de viviendas cada vez más caras. Eso ya se ha demostrado del todo ineficaz. Mis propuestas van directas a la cuestión de base: un derecho se tiene o no se tiene, pero no se compra. Propongo una transición progresiva a una sociedad en la que la vivienda deje de ser un negocio para bancos e inmobiliarias y pase a ser un derecho de los ciudadanos. Nadie, en una sociedad digna, debería verse en la tesitura de no tener una vivienda igualmente digna, y  por tanto propongo:
  1. Establecimiento de una moratoria de dos años en el pago de la hipoteca de la vivienda habitual única, para todas aquellas unidades familiares que demuestren un nivel de ingresos insuficiente para pagar su hipoteca y atender los gastos imprescindibles de comida. Dicha moratoria, no privará a los propietarios de conservar su derecho de propiedad sobre la vivienda.
  2. Transcurridos esos dos años, el banco renegociará con los propietarios el pago del principal e intereses no pagados durante esos dos años. Si aún así el propietario no pudiera atender el pago de la vivienda. La familia en cuestión podrá cancelar la deuda hipotecaria mediante dación en pago, estableciéndose un periodo de 6 meses entre la notificación y el desahucio efectivo
  3. Tras esa primera fase, implantación paulatina de la posibilidad de dación en pago con carácter retroactivo, para el resto de primeras viviendas. Posteriormente implantación progresiva para todas las viviendas.
  4. A toda persona desahuciada que demuestre no tener recursos suficientes para alquilar con su renta familiar una vivienda adecuada a sus necesidades familiares, atendiendo además a los gastos mínimos para vivir dignamente, el Estado le proporcionará una vivienda en régimen de alquiler social, estableciéndose una cuota adecuada a los ingresos y patrimonio de la unidad familiar. Dicha cuota se revisará anualmente, o a petición de los inquilinos ante cambios de la situación económica familiar.
  5. Para poder hacer esto, el Estado se hará con un parque de viviendas, mediante la expropiación forzosa a precios acordes a la situación del mercado actual, de los pisos de las entidades bancarias intervenidas y en la cantidad que sea necesaria. El pago de dichas expropiaciones a las entidades bancarias se realizará mediante títulos de deuda pública. La gestión de ese parque inmobiliario lo llevará el propio Estado, para lo que contratará personal actualmente en paro proveniente de las inmobiliarias afectadas por la crisis, o de otras inmobiliarias que pudieran quebrar o realizar un ERE eventualmente.
  6. Obligación a las entidades intervenidas de poner en el mercado las viviendas que aún tuvieran en su poder tras las expropiaciones.
  7. Asimismo, y si no hubiera suficientes viviendas para satisfacer las necesidades de la población, el Estado asumirá la construcción de nueva vivienda pública protegida. Los puestos de trabajo necesarios para ello, serán preferentemente asignados a personas pertenecientes a las familias desahuciadas a las que se les ha proporcionado vivienda de alquiler social, y a personas en paro, de forma que se reactive la economía, revertiendo además parte de ese dinero al Estado como pago del alquiler.
  8. Asimismo, el Estado reservará una parte de las viviendas construidas o expropiadas para su venta como vivienda protegida a precios económicos.
  9. Establecimiento de altos impuestos a la propiedad de viviendas de particulares, a partir de la 2ª y crecientes según el número de éstas, que no sean alquiladas a terceras personas. En el caso de los bancos e inmobiliarias, se gravará fuertemente toda vivienda no alquilada o que no sea vendida en un plazo máximo de un año tras ponerse en el mercado.

Todas estas medidas harán que:

  1. Los bancos, al establecerse la dación en pago, no prestarán dinero de forma irresponsable, de forma que, inicialmente, la demanda de pisos se frenará.
  2. Las inmobiliarias (y los bancos) se verán obligadas a vender lo más rápidamente posible para intentar minimizar las pérdidas e impuestos. Es probable que muchas no consigan sobrevivir, pero como veíamos en la propuesta 5, el daño se minimizaría, ya que los trabajadores de estas empresas serían reabsorbidos por el propio Estado en su función de promotor de vivienda pública.
  3. El precio de la vivienda en un mercado inundado de inmuebles debido a las medidas adoptadas, y sin las barreras que los están manteniendo artificialmente altos, caerá en picado, haciendo accesible la vivienda a millones de ciudadanos.
  4. Los bancos podrán, de esta forma, conceder de nuevo créditos para la adquisición de estas viviendas baratas, pues tendrán la seguridad de que las familias sí podrán pagarlas.
Me dirán que estoy loco, y que con esto hundiría el mercado inmobiliario, y a excepción de en lo relacionado con mi salud mental tendrían toda la razón. Es más, para convertir la vivienda en un verdadero derecho, considero imprescindible derruir hasta sus cimientos el mercado inmobiliario privado destinado a la primera vivienda. Un mercado que mantiene millones de casas vacías y millones de personas sin casa. Un mercado que jamás debió existir.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Los partidos y la economía. Nadie es lo que parece

Después de cada proceso electoral nos hemos acostumbrado a escuchar una letanía de excusas y lamentaciones sobre lo fraccionada que está la izquierda frente a la derecha, que se presenta unida en una única oferta monolítica encarnada en el Partido Popular. Esta afirmación, aunque no llegue a ser del todo falsa, esconde una realidad mucho más engañosa: la de la identidad política de cada partido. Esta identidad se separa en nue?stro país en dos muy distintas. Por un lado, la identidad pública, la que nos intentan vender con sus eslóganes y mítines. Por el otro, la identidad real, la que se demuestra en sus actos y que se conforma a su vez en la conjunción de varios aspectos, siendo los principales, en mi opinión, el componente social y el económico.


¿Quién vota, y por qué, a los partidos de derechas?

Los partidos clásicos de derechas en España dicen tener, en general, una raíz democristiana (aunque a veces es más próxima al nacional-catolicismo) y un ideario económico liberal –o neoliberal-, pero en los círculos económicos de la derecha más neoliberal, se les acusa de apartarse de esta vía natural y caer en ciertas actitudes “socialistas”. En este sentido, para un verdadero neoliberal, el intervencionismo mostrado con la nacionalización de Bankia, las subidas de impuestos, lo que consideran una reforma laboral “a medias”, o la insuficiente liberalización de los mercados y privatizaciones públicas, son graves faltas contra este ideario. Todo ello respondería, según ellos, a una cierta resistencia a adoptar estas medidas sin complejos, debido al miedo de estos partidos de derechas al rechazo social que esas políticas podrían acarrear. No obstante, podría decirse claramente que todos los que votan al PP, a CIU o al PNV, saben perfectamente cuáles son, en mayor o menor medida y en ausencia de situaciones excepcionales, los principios económicos que van a seguir sus dirigentes: privatizaciones, liberalizaciones y cuanto menos Estado, mejor. Desde el punto de vista de la propaganda, además, se ha mitificado la mejor preparación económica de los partidos de derechas frente a los de izquierdas, lo cual ha sido bastante fácil, teniendo en cuenta que el modelo económico imperante, el neoliberal, es el defendido abiertamente por la derecha.

Desde el punto de vista del modelo social, el ideario democristiano (o en ocasiones y como decíamos antes, nacional-católico) defendido por los partidos políticos de derechas se apoya en la defensa de las tradiciones, y especialmente en España, en una influencia enorme de la iglesia católica en sus postulados, lo que resulta en una posición claramente inmovilista, cuando no regresiva y reaccionaria. Desde la propaganda, además, se ha revestido de una imagen de firmeza y dureza frente a la delincuencia, y particularmente frente al terrorismo de ETA. Este ideario atrae claramente a la población socialmente conservadora. Demográficamente, a los ancianos –que cada vez son más en proporción-, así cómo a católicos y ultra católicos; y también a anti izquierdistas, a los que todo lo que suene a socialismo o comunismo les repele o les asusta.

Entonces, ¿Porqué hay trabajadores de toda índole, desde obreros a funcionarios, que votan a partidos de la derecha? ¿Son todos ultra católicos?, ¿Anti izquierdistas?, ¿Neoliberales?... Ni mucho menos.

Por un lado, tenemos el hecho de que muchos de los votantes se fían de la propaganda de mayor eficacia en la gestión económica, habiéndose beneficiado además, en el caso del PP, de haber gobernado en periodos de expansión económica a nivel europeo o mundial. Muchos de los votantes de éste partido no saben (o no quieren saber) que la actual crisis no se originó en los gobiernos de Zapatero (cuyo pecado es más bien no haber tomado medidas para evitarla), sino que tiene su origen en la entrada al mercado común europeo durante el mandato de Felipe González, y sobre todo de las medidas adoptadas por el gobierno de Aznar para asegurar la entrada de España en el Euro, siendo estas políticas –principalmente la ley del suelo del PP- causantes en gran medida de la burbuja inmobiliaria que nos ha explotado en plena cara. Por otro lado, la naturaleza internacional de la crisis –que negaban en gran medida cuando estaban en la oposición-, les sirve ahora de excusa para externalizar sus responsabilidades. Los recortes y el sufrimiento no nos llegan por su mano, sino porque son medidas “que no les gustan” pero que tienen que adoptar porque “no hay alternativa”. Evidentemente, esto es falso, pero el votante medio de derechas quiere creer y cree lo que le dicen sus líderes.

Por otro lado, existe un efecto psicológico perverso que hace que mucha gente humilde se vea a si misma poco preparada para gestionar sus propias vidas y mucho menos un país. Esta gente, pide y necesita un líder, un guía e incluso en los casos más extremos un amo, que piense y decida por el. Alguien capaz, alguien de la “élite”, y es más fácil identificar la élite con los partidos de derechas, ya que son los herederos de los antiguos estamentos: la nobleza y los terratenientes. Esta gente, a la hora de depositar su confianza, recela de aquellos que dicen ser un obrero como él, ya que si ellos se ven incapaces de gestionar sus vidas, ¿Cómo va a hacerlo mejor quien dice ser su igual? Es la moral del esclavo.

En definitiva, la imagen de ortodoxia económica, la resistencia a los cambios sociales y una posición dura respecto a los asuntos de orden público y delincuencia, atraen a la gente que tiene miedo al cambio. La incertidumbre, el miedo a perder lo que uno tiene, el miedo a que lo que venga sea peor, a que se derrumbe el sistema conocido -aunque sepamos que es deficiente- sin saber qué vendrá después, el miedo a “los experimentos”, el refugio en “los que saben mandar desde siempre”, es y ha sido siempre el caldo de cultivo de la derecha, y la razón por la que trabajadores humildes terminan votando por una opción que, a priori, parece contraria a sus intereses.

Por su parte, los partidos nacionalistas de derechas, comparten muchas de las características que hemos comentado anteriormente, y añaden como peculiaridad propia, el tener siempre la excusa de que la culpa de todo lo malo que pasa bajo su gestión, es del gobierno central. De esta forma, e independientemente de que se puedan producir injusticias derivadas del diseño económico y territorial del Estado, externalizan las responsabilidades de sus errores y las consecuencias de sus propias políticas. 

¿Quiénes pueden disputarles el voto a los partidos de derechas? Pues claramente, pueden quitárselos entre ellos mismos atendiendo a razones territoriales, y en el caladero de los partidos nacionalistas de derechas pueden colarse también los nacionalistas de izquierdas, recogiendo parte del voto que se mueve por consignas identitarias nacionalistas.

Por otra parte, también se produce cierto grado de trasvase de votos de éstos partidos con el otro gran partido nacional, el PSOE, como voto de castigo, pero eso nunca pasará con los votantes más conservadores que jamás votarían a algo que suene mínimamente a izquierda (Y eso de socialista y obrero, les suena bastante mal), y por tanto, como mucho se abstendrán, o seguirán votando al mismo partido de siempre como mal menor.

Aquí es donde entra la recurrente afirmación de que la derecha está unida, ya que sólo existe un gran partido nacional, el Partido Popular. En esta afirmación se desprecian –de forma correcta en mi opinión- formaciones de extrema derecha, próximas o inmersas en el fascismo, que recogen un voto muy residual. Algunos pueden argumentar que ahora existe la alternativa de UPyD, con apoyo creciente, y al que mucha gente mete dentro del saco de los partidos de derechas, pero otra mucha gente no tiene nada claro aún por dónde “respira” este partido, y queráis que no, Rosa Díez fue no hace tanto una “roja sociata”, lo cual para muchos votantes de derechas, implica que no es de fiar.

Todo lo expuesto anteriormente, nos lleva a la siguiente cuestión central de este análisis:

¿Qué es el PSOE y por qué votarle?

Por muy fans que seamos del partido, nadie puede a estas alturas decir que el PSOE representa a la clase obrera, ni mucho menos que sea socialista en un sentido clásico y pretenda implantar la “dictadura del proletariado”, ni tan siquiera que pretenda alcanzar el socialismo mediante transformaciones y reformas democráticas del sistema capitalista, como pretendían los primeros socialdemócratas. El PSOE, actualmente, podría definirse, si acaso, como “socioliberal”, que viene a ser algo así como “liberal acomplejado”, o “liberal con conciencia social” Y tiene en lo económico, los mismos referentes que el PP. Paradigmático es el caso de José Bono, cuyas coincidencias con el ideario del Partido Popular van incluso más allá de lo económico, hasta el punto de que a nadie le sorprendería verle mañana en las filas populares, siguiendo la estela de otros “socialistas” históricos, como Cristina Alberdi.

Volviendo a la economía, dudo que ningún asesor o cargo socialista haya estudiado nada distinto a la microeconomía y macroeconomía de la síntesis neoclásica keynesiana que ha sido “mainstream” estas últimas décadas. Me sorprendería sobremanera que alguno tuviera entre sus referencias teóricas y economistas de cabecera, no ya a Marx, sino a Piero Sraffa, Paul Davidson, Michal Kaleki o Manfred Max-Neef, por poner algunos ejemplos de economistas heterodoxos. El PSOE sigue un modelo económico completamente ortodoxo.

Desde mi punto de vista, el problema del PSOE es que, desde su propia propaganda, sigue tratando de hacerse ver como un partido de izquierdas, y aunque efectivamente intenta hacer -a veces- una política social de centro-izquierda, sigue claramente una política económica de derechas. Su cercanía al PP en ese sentido es bastante grande, y es lo que hace que exista una cierta capacidad de trasvase de votos entre uno y otro, normalmente como voto de castigo ante una mala gestión, aunque el trasvase es potencialmente mayor desde el PSOE al PP que desde el PP al PSOE, ya que un votante de derechas, siempre preferirá dirigir su voto a su opción natural. Y este es quid de la cuestión, que el votante natural del PSOE, su suelo electoral, está definido y dirigido por su identidad pública, por su imagen proyectada, y no por su identidad real, y ambas identidades difieren enormemente.

Por eso, además del voto de castigo ante escándalos, casos de corrupción, o por simple desgaste y falta de confianza en los líderes del partido, que termina traspasándose al PP, en el PSOE se produce un trasvase adicional de votos hacia partidos a su izquierda, y hacia la abstención, que se produce no sólo por castigo, sino por desencanto, cuando se hace demasiado patente la naturaleza neoliberal de sus políticas económicas hasta el punto de no verse compensado por medidas sociales, o cuando estas últimas se ven recortadas o impedidas por el efecto de las decisiones económicas, como ha sido el caso durante su último gobierno en los comienzos de la actual crisis. Cuando esto sucede, muchos votantes de los que piensan que votando PSOE votaban a la izquierda, quedan defraudados y dejan de votar, o votan a otras opciones minoritarias a la izquierda del Partido Socialista.

Y es ahí donde entra Izquierda Unida y en menor medida EQUO y otras formaciones más pequeñas, todas ellas a la izquierda del PSOE. También están las formaciones de la izquierda nacionalista, pero el análisis de éstas últimas es análogo a las fuerzas nacionalistas de derechas, siendo su principal característica diferenciadora frente a los partidos de ámbito estatal que utilizan el recurso del sentimiento de explotación por parte de España como reclamo para los votantes, y como excusa ente los errores de su gestión. (Y con esto no digo que exista ni que no exista dicha explotación, sino que simplemente describo su utilización estratégica) En cualquier caso, centraremos el análisis en los partidos de izquierda no nacionalistas.

¿Por qué no hay más gente que vote a los partidos a la izquierda del PSOE?

A mi modo de ver, hay dos problemas principales que afectan intensamente a estas formaciones, más allá de otros obstáculos secundarios aunque también importantes, como el ninguneo de los medios de comunicación, escasez de líderes carismáticos, etc.

El primero de ellos, es que la dinámica bipartidista del sistema, tal como se ha denunciado repetidas veces. Ésta dinámica propicia la concentración de votos en los dos grandes partidos debido al denominado “voto útil” o “voto en contra”; es decir, que mucha gente vota al PP para que no gobierne el PSOE, y al PSOE para que no gobierne el PP, aunque no sean sus opciones personales preferidas, sino porque el sistema hace que sea más factible evitar que gobierne la opción menos deseada votando al rival más grande de éste. Se argumenta contra la idea de la injusticia del sistema electoral, que tanto la ley d’Hont como el sistema de circunscripciones por provincias son iguales para todos, y que en realidad no es el sistema, sino la incapacidad de los partidos minoritarios para atraer votos, lo que impide que dichas formaciones sean una auténtica alternativa de gobierno. Este argumento es falaz, porque si bien es cierto (y de Perogrullo), que si uno de estos partidos consiguiera que le votara un muy superior número de españoles, se vería en la posición en la que actualmente están los dos partidos hoy mayoritarios, la realidad es que tras los primeros dos o tres procesos elecciones se define una primera relación de fuerzas, y a partir de ahí el efecto de voto útil que describíamos anteriormente es devastador y la tendencia natural es a la acumulación de apoyos en dos partidos que se turnan en gobierno y oposición, siendo una tarea titánica invertir dicha relación de fuerzas. La única forma de que esto suceda es porque alguna de las fuerzas hegemónicas se desplome por algún desastre, como sucedió con UCD en su día o con el PASOK en las últimas elecciones griegas.

El segundo gran problema de estas formaciones minoritarias de izquierdas no es que no tengan un modelo económico y social alternativo, sino que muchas veces parecen beber de demasiados, no ya en el seno de la izquierda, sino dentro de un mismo partido. Por un lado, se presentan una multitud de formaciones con programas ligeramente distintos, todos ellos reclamando para sí la verdadera esencia de la izquierda, al modo del famoso sketch de Monty Python en "La Vida de Brian", con el Frente Judaido de Liberación a tortas con el Frente de Liberación de Judea. Debido a esto, los electores no saben realmente a quién votar dentro de un espectro de partidos pequeños ante los que cualquier nueva formación es capaz de competir. Hay que tener en cuenta también, que los votantes de izquierda, en contraposición a los conservadores, no temen, sino que buscan el cambio ante una realidad que les es hostil y con la meta del progreso social, pero no todos tienen el tiempo, las ganas o los conocimientos necesarios para separar el grano de la paja, lo que lleva a muchos de ellos a lanzarse en los brazos del primero que llegue ofreciéndoles cambios y nuevas ideas, aunque dichos cambios sean en ocasiones ideas peregrinas que vayan a traer consigo el progreso, ni lleven a ningún sitio. Al final, el votante medio de algunos de estos partidos, más allá de ciertas líneas generales, no tienen muy claro qué es lo que está votando, ni si votando al partido de al lado estarían votando las mismas propuestas u otras distintas, y lo que es peor, dudan –y yo también en alguna ocasión- que los mismos dirigentes de estos partidos sepan definir la ideología de su propio partido y cual es el modelo que ofrecen. En ese sentido, resulta paradigmático el ejemplo de Izquierda Unida, cuyo nombre parece a veces un oxímoron.

Desde los medios, se habla de IU como de “izquierda radical”, “comunistas”, "anticapitalistas" y “marxistas”, y muchos de los miembros de esta formación, pertenecen al PCE, y/o se consideran a sí mismos con orgullo dentro de cualquiera de estas categorías –aunque otras formaciones políticas más radicales no consideran el PCE un verdadero partido comunista-, y la propaganda e imagen proyectada por IU -curiosamente tanto por sus adversarios como por ellos mismos- viene a ser cercana a estas coordenadas, pero comparten federación con otros partidos internos que no abrazan, ni de lejos, esos ideales. El resultado final, sí atendemos a una definición clásica, es que el comunismo y el socialismo económico y social en IU brillan por su ausencia. Entonces ¿Cuál es su política económica? ¿Son eurocomunistas, socialistas, marxistas, neomarxistas, postkeinesianos, ecologistas, institucionalistas, socialdemócratas…? Pues probablemente un popurrí de todo difícil de mezclar sin que se produzcan las contradicciones y tensiones internas que terminan siempre por trascender y perjudicar a este partido. Se produce, de nuevo, una disonancia entre la identidad pública de IU y su verdadera política económica y social.

¿Y cuál es esa política? Pues si atendemos a lo que se plasma en los programas de IU desde el punto de vista social, su defensa de los principios democráticos, su pretensión de reformar el sistema actual, y ese cocktail teórico-económico del que hablábamos antes, les convierten en mi opinión (y alguno me querrá colgar por decir esto) en el principal partido socialdemócrata de España –entendiendo como socialdemocracia la acepción clásica de la misma-, aunque ellos mismos renieguen de ello. Esto es paradójico, porque si asumieran este papel, y se presentaran así al electorado, es posible que atrajeran a muchos votantes de la izquierda moderada y del centro izquierda que votan al PSOE o se abstienen, a los que asusta la idea de que unos stalinistas totalitarios se hagan con el poder y empiecen a expropiar a todo el mundo sus propiedades y sus libertades, montando gulags en Despeñaperros (todos sabemos la probada eficacia de la propaganda burguesa en su propósito de desprestigiar el comunismo)

En este sentido, el verdadero problema para esta formación, es que no están convencidos de poder minimizar la pérdida de los votantes más a la izquierda que, en cierto modo, están “robando” a las formaciones de verdadera extrema izquierda comunista revolucionaria, o de compensar dicha pérdida con suficientes nuevos votantes atraídos por su programa socialdemócrata, ya que tienen un “okupa” llamado PSOE viviendo de prestado en la casa de la socialdemocracia.