jueves, 17 de mayo de 2012

Tasas y becas: Mentiras y medias verdades

Ayer por la noche estuve viendo en TVE1 una entrevista-tertulia con el Ministro de Educación José Ignacio Wert. Entre los temas que se trataron estaba el de la subida de tasas en la universidad, y el peligro de hacer muy difícil, cuando no imposible, el acceso a los estudios universitarios para aquellos que no tienen suficientes recursos económicos.
La subida máxima contemplada implica un incremento desde el 15% del coste real que de media representa el precio de la matrícula, hasta un 50% de media. Esta subida irá marcada por tramos, de forma que para los grados y másteres que habilitan para una profesión, el precio de la primera matrícula podrá establecerse en un máximo de un 25%, entre un 30 y un 40% para la segunda, desde un 65 a un 75% la tercera y del 90 al 100% para la cuarta. Para el resto de másteres, los que no habilitan para el ejercicio de una profesión, se fijarán tasas entre un 20 y un 50% del coste real para la primera matrícula, y entre el 20 y el 75% a partir de la segunda. El porcentaje final, dentro de estos márgenes, dependerá de la CCAA.

Más allá de si estos porcentajes son o no adecuados, excesivos o escasos, lo que me ha llamado la atención son los argumentos del Sr. Wert, que nos dice que, al contrario de lo que parece evidente, no se está discriminando a los que tienen menos recursos, sino que es el sistema anterior el que los discriminaba, y que por tanto su medida ayudará a la igualdad de oportunidades.
 

Según Wert, los alumnos de familias cuyos recursos están por debajo de un determinado umbral, reciben becas que implican que no paguen ninguna tasa, por lo que la situación de estos estudiantes, no se verá afectada negativamente por su medida. Hasta aquí, todo bien, pero el siguiente salto conceptual tiene su miga: dado que el resto de alumnos con ingresos familiares suficientes se ven “becados de facto” de forma que pagan sólo un 15% de la matrícula, y el dinero para pagar el resto sale de los presupuestos del Estado -que a su vez sale de los impuestos que pagamos todos-, al final resulta que el modelo anterior “expoliaba” al conjunto de los españoles para subvencionar a los estudiantes con mayores recursos. Además de esto, el que los alumnos que pagan, paguen de medie sólo un 15%, retrae recursos que, según nos dice el ministro, quieren utilizar para mejorar las condiciones y cuantías de las becas a los alumnos sin recursos. Es difícil juntar más falacias en menos argumentos. 
 
En primer lugar, el Sr. Wert trata de identificar a todas las familias de aquellos alumnos que no pueden optar a beca por razón de renta familiar con las “familias con mayores recursos”. Dicho así, parece que hablemos de la familia Botín, pero entre esas “familias con mayores recursos”, las hay que incluso pagando sólo un 15% de la matrícula, tienen dificultades para ayudar a sus hijos a costear sus estudios. El umbral se establece de forma arbitraria, y hay familias que, por 10 o 20€, no entran dentro del mismo y por tanto el estudiante de una de estas familias no puede disfrutar de beca. ¿Son las familias de estos alumnos mucho más ricas que aquellos que se consideran que tienen una renta familiar baja? Evidentemente, no. Es más, se puede dar perfectamente el caso de que la primera familia tenga unos gastos o deudas ineludibles mayores que los de la segunda, y que la disponibilidad para destinar recursos a pagar los estudios de sus hijos sea menor. También se puede dar el caso de que la familia, por la razón que sea, no quiera pagar la universidad a su hijo, o que éste no quiera que sea su familia quien ponga el dinero, y sea por tanto el propio estudiante quien, directamente, se pague los estudios trabajando a tiempo parcial ¿Es justo que las oportunidades de ese alumno para estudiar la carrera que quiere, dependan de la voluntad de sus padres? El modelo que teníamos hasta ahora garantizaba, en casi todos los casos, la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior al requerir un coste bastante reducido. La nueva, reduce drásticamente esa igualdad de oportunidades.
 

La segunda falacia que se deriva de las explicaciones del ministro, y muy relacionada con la anterior es que se están utilizando los impuestos de familias con menos recursos para subvencionar las de estas familias con mayores niveles de ingresos. Como ya hemos visto, las “familias ricas” que se benefician no tienen porqué ser tales, pero es que, además, el cargo a los presupuestos generales del estado, no tiene porqué recaer en las familias más humildes. De hecho, eso depende de la progresividad de la estructura fiscal del país, que en España, y en contra de lo que dice la constitución, es bastante regresiva. No obstante el impuesto que más recauda en España es el IRPF, que es, hasta cierto punto, progresivo, y del que las rentas más bajas están exentas o pagan muy poco. Impuestos como el IVA o sobre el consumo de determinados bienes básicos, son los que hacen que individuos con rentas bajas puedan estar sufragando parte del gasto público del Estado, pero esas rentas sustraídas a los que no tienen recursos es en conjunto una parte pequeña de la recaudación del Estado, ya que sin recursos se consume más bien poco. De este poco que se recauda, a su vez se gasta un pequeño porcentaje en educación. En definitiva, las rentas más bajas aportan muy poco para la educación pública (como debe ser)
 

Son en realidad las rentas medias (desde medio-bajas a medio-altas) las que más colaboran en la recaudación vía impositiva, y por tanto las que pagan la educación universitaria. El verdadero fraude, es que esta progresividad se rompe con las rentas altas y muy altas, que al pagar proporcionalmente muchos menos impuestos (las rentas del capital tributan de forma efectiva mucho menos que las del trabajo, y más del 70% del fraude fiscal se concentra en las rentas más altas), no colaboran no ya en mayor medida –que es lo que debería suceder- si no ni siquiera en la misma medida, que las familias con rentas medias.
 

Otra falacia del Sr. Wert es la de que lo que se recaude de más con la subida de las tasas, se utilizará para mejorar las becas de los que más las necesitan. Esto suena muy bien, pero no es del todo cierto, ya que el presupuesto para becas ha subido en un 5,28%, pero también el número de estudiantes universitarios ha estado aumentando en los últimos años en torno al 5% y este año también lo hará. Además, el número de familias con ingresos bajos ha aumentado considerablemente con la crisis, con lo que el porcentaje de alumnos con derecho a acogerse a las mismas también será superior que en años anteriores. Eso significa que, o bien el presupuesto está rematadamente mal hecho y se ve claramente desbordado, o en caso contrario las supuestas mejoras van a ser mínimas o nulas. Si además descontamos, entre otras cosas, la inflación, la subida de algunos impuestos directos, la del IRPF y la subida del IVA que el Gobierno ya ha anunciado para 2013, en realidad el poder adquisitivo de las familias con pocos recursos es muy posible que baje más de lo que represente esa supuesta mejora en la cuantía de las becas.
 

La última falacia de todo este argumentario es la de que el objetivo de la reforma es "exigir al alumno un mayor rendimiento en el uso de los recursos”, para que “los repetidores no se perpetúen en la universidad”, tal como decía el pasado 19 de abril la Secretaria de Estado de Educación. Esto es, como el resto del argumentario, una verdad a medias. Si lo que quieren es evitar que los repetidores se perpetúen, lo único que tienen que hacer es endurecer las condiciones de permanencia. Vincular esta permanencia, como hace el Gobierno, al nivel de renta, expulsará a los repetidores con menos recursos económicos, y mantendrá en el sistema a los alumnos cuyas familias no tengan ningún problema para pagar. Se atenta así, de nuevo, contra el principio de igualdad de oportunidades. 
 
No obstante, no todo es negativo. Es cierto que el nuevo sistema puede ser un acicate económico para que los alumnos que actualmente acceden a la universidad sin verdaderos ánimos de estudiar, llevados por la presión familiar y la “titulitis”, y que se eternizan en el camino para finalizar sus estudios. Con suerte, igual podríamos llegar a ver, en este decreto, un golpe de gracia a la Tuna.

jueves, 10 de mayo de 2012

Bankia

Hoy ha saltado la noticia de la nacionalización de Bankia por parte del Estado. La nacionalización de las entidades que son rescatadas por el Estado es una medida que yo personalmente he apoyado desde el principio: Si una entidad es inviable y se mete dinero público para salvarla, lo adecuado es que, al menos, parte de la propiedad de esa entidad (o toda ella según el caso), pase a pertenecer al Estado. En este sentido, nacionalizar una entidad no es ni más ni menos que comprarla, lo cual acarrea un gasto y apechugar con las deudas, pero al menos dota al Estado de participación en los beneficios que esa entidad, una vez liberada de la carga que la estaba ahogando, tenga en el futuro. Incluso si la parte que compra el Estado es suficientemente grande, permite el control público de la entidad, lo que permite a su vez, por ejemplo, dirigir sus políticas al crédito a PYMES y familias.

Por lo tanto, a priori, la decisión de nacionalizar Bankia sería, en mi opinión, una magnífica noticia, pero en cuanto se rasca un poco, como en cualquier otra medida de las que está tomando el gobierno de Rajoy –recordemos su “dación en pago ligth-voluntaria”- se ve que la cosa tiene trampa, y la tiene en un doble sentido.

¿Qué es lo que se nacionaliza?

En primer lugar, NO SE NACIONALIZA BANKIA, tal como se está diciendo, sino que se nacionaliza su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

¿Qué es esto del BFA? Os preguntaréis. Pues es la fusión de varias cajas de ahorros, entre las que estaban Cajamadrid y Bancaja, que estaban inundadas de activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria. BFA tenía en el momento de su constitución todos los activos, pasivos y patrimonios combinados de las bancas que se fusionaron. En estos activos, había activos buenos, como acciones en otras empresas sólidas, créditos de cobro seguro, etc, y por otro lado la basura inmobiliaria. Pero posteriormente, para poder sacar a Bankia a bolsa, separaron los activos sanos de los tóxicos. Bankia se quedó todo lo mejor, mientras que BFA se quedo con toda la “porquería” y con un 45% de acciones de Bankia (el resto fue lo que se sacó a bolsa). De entre las cosas que se quedó el BFA en su pasivo, está la ayuda del Estado a través del FROB, por valor de, más o menos, 4.500 millones y a un 8% de interés.

El problema es que BFA estaba valorando en libros Bankia por 24.000 millones, pero en el mercado cotiza a 4.300 millones. Al realizar Deloitte una auditoría, se negó a aceptar esta cantidad, aceptando, como mucho (y de forma algo irregular por otra parte) el valor contable de los propios libros de Bankia, 17.000 millones. El desfase supone una sobrevaloración, en el mejor de los casos, de 3.500 millones, y en el peor (y el que más se ajusta a la forma correcta de realizar la valoración) de unos 9.000 millones.

Teniendo en cuenta que el patrimonio de BFA se estimaba en 3.500 millones, el ajuste de la valoración de las acciones de Bankia la dejaba sin patrimonio o directamente con pérdidas por encima del mismo, y por tanto la devolución del crédito del FROB no va a poder ser satisfecho. BFA no tiene viabilidad, y darle un nuevo crédito sólo serviría para que dentro de unos meses, estuvieramos igual o peor que ahora, razón por la que ha tenido que ser intervenida y nacionalizada.

Por lo tanto, lo que se hace es convertir las participaciones preferentes de BFA en capital (acciones por decirlo así, pero que no cotizan en bolsa), y nacionalizar (comprar) el 100% BFA, y como BFA tiene un 45% de Bankia, el FROB se convierte en “Titular indirecto” de ese porcentaje, es decir, es propietario directo de BFA -que no tiene patrimonio suficiente para cubrir el agujero descubierto y tiene en sus activos toda la basura inmobiliaria- y como además BFA tiene el 45% de las acciones de Bankia, pues también es propietario de las mismas.

¿Por qué es importante esa diferencia?

Pues primero, porque no es lo mismo que si el Estado hubiera nacionalizado directamente el 45% (o ya puestos el 100%) de las acciones de Bankia en manos de BFA (algo parecido a lo que ha hecho Argentina con la parte de YPF que tenía Repsol), dejando quebrar BFA. Tampoco compra todo el conjunto BFA-Bankia, lo que sería nacionalizar ambas, la buena y la mala. Evidentemente, ese no era el objetivo del Gobierno, pero eso es lo que, en propiedad, podría llamarse “nacionalizar Bankia”.

En segundo lugar, porque el Estado compra por su valor contable BFA, pero BFA tiene en su balance todos los activos tóxicos de las antiguas cajas, y estos activos no valen ni muchísimo menos lo que consta contablemente que valen.

En ese sentido, ahora el Estado tiene acciones de Bankia, pero porque formaban parte de los activos de BFA previamente, y hay que distinguir entre el capital de BFA y el de Bankia, porque BFA podría perfectamente –es más, yo creo que lo harán más pronto que tarde- vender esas acciones de Bankia, dejándolo como un banco totalmente privado y con el balance limpio, pero el Estado seguiría siendo dueño del 100% de BFA, que es donde están los activos tóxicos. La cuestión es que esa “basura” es la que luego el Estado tendrá que intentar vender y asumir las pérdidas si éstas se producen. Vamos, que al final podemos –El estado puede- palmar dinero, o si se hace bien, podríamos incluso ganarlo. Eso dependerá de cuál sea la política a seguir, con BFA por un lado, y con las acciones de Bankia que tiene BFA por otro; de cuánto tiempo mantenga la propiedad de ambas y de los precios de venta de ambas cuando se privaticen de nuevo (doy por descontado que un gobierno del PP va a “reprivatizar” sí o sí). Si Bankia se revaloriza y el Estado vende su 45% por una cantidad suficiente, efectivamente los españoles no perderíamos dinero con la operación, pero eso no necesariamente va a pasar.

Voy a intentar explicarlo matemáticamente y con un ejemplo:

Dado que tras la auditoría se comprueba que el BFA no tiene patrimonio suficiente para cubrir sus pérdidas, el Estado se lo queda por el valor de los 4.500 millones que le había prestado y que no recupera, ya que el patrimonio es prácticamente nulo tras la nacionalización. Los activos de BFA podemos distinguirlos entre las acciones de Bankia -llamémoslas B- y el resto de activos A.

Si el Estado vende las acciones de Bankia, lo hará por una cantidad que no tiene porqué coincidir con su valor inicial B. A este valor de venta lo llamaremos B’, pero seguirá manteniendo en su balance los pasivos (P) y el resto de activos de BFA (A).

Por otro lado, para cuadrar las cuentas, el estado va a tener que inyectar más dinero en BFA, ya que la pérdida patrimonial que representa la corrección del valor de las acciones de Bankia, supera el valor del crédito del FROB. Llamaremos a esta cantidad M.

En el momento de vender BFA, El estado se encontrará con que tiene que vender tanto los activos (que suman valor) como los pasivos (que lo restan). Los pasivos de BFA, en un contexto de crisis y tratándose de una inundada de activos tóxicos, es posible que incrementen su valor, si BFA se ve obligada a endeudarse de alguna forma, más allá de recibir dinero gratis constantemente del Estado, cosa que daría muy mala imagen. Por tanto, podría pasar a a ser P’>P.

Por su parte, los activos serán los B’ millones de la venta de las acciones de Bankia, junto con los dividendos D que las acciones de Bankia puedan dar durante el tiempo que el Estado, a través de BFA conserve la propiedad de las mismas; más el valor de venta de los activos inmobiliarios. Pero como el precio de los activos inmobiliarios de BFA que consta en los libros es el “precio teórico”, es decir, que contablemente no se están valorando como tóxicos, estos activos no valen A sino A’, siendo A>A’. Por tanto, tenemos esta situación para el valor inicial X y final X’ de BFA:

X= B + A – P
X’ = B’ + D + A’– M – P’

Si queremos que nos salga “lo comido por lo servido", igualamos: X=X’, por lo tanto:

B + A – P = B’ + D+ A’ –M - P’, por lo que:
B’ = B + M + (A – A’) – (P – P’) – D

(A – A’) va a ser positivo, ya que A>A’, y (P – P’) va a ser negativo, ya que P’>P, por lo que – (P – P’) va a ser positivo, es decir, que va a incrementar aún más la cuantía necesaria para compensar la inversión. Por su parte, M va a ser evidentemente positivo y los dividendos de las acciones de Bankia (D) es de suponer que sean positivos, pero en el contexto actual en el que los bancos buscan recapitalización y tienen que provisionarse cada vez más, es posible que no sean muy altos.

Resumiendo, B’ ha de ser necesariamente mayor a B si queremos recuperar lo desembolsado, pero puede que tenga que ser mucho mayor. Poniendo números, el FROB prestó a BFA unos 4.500 millones. Como mínimo, tendrá que inyectar otros 4.500 millones para compensar el desfase inicial de 9.000 descubierto por Deloitte. Además, se estima que dentro de sus activos, BFA tiene unos 31.000 millones que son presuntamente tóxicos. No tengo los datos actuales, pero a efectos prácticos, consideremos que la suma de los activos, sean esos 31.000 más el valor de las acciones de Bankia, unos 2.000. Por tanto tenemos 33.000 millones de activos totales. Dado que no hay patrimonio, el pasivo serán esos mismos 33.000 millones, más el agujero adicional de 4.500.  Hablamos de 37.500 millones. Por tanto tenemos que:

X = 4.500
B = 2.000
A = 31.000
P = 37.500

Por otro lado, imaginemos que de los 31.000 millones en activos tóxicos su valor real sea de un tercio de esta cantidad (10.300). Imaginemos también, que por las dificultades actuales, el pasivo de BFA se incremente en un 10% de aquí a que se venda, y que el valor de los dividendos que Bankia genere para el Estado en esos años, sea de un 300% respecto del valor total inicial de las acciones (Estoy siendo muy optimista, ya que esto supone una revalorización anual de las acciones bastante alta. Por ejemplo, el Santander pagó el pasado año alrededor de un 12% de dividendos, y es de imaginar que el dividendo anual de Bankia, si es que se reparten dividendos, no fuera mucho mayor). Bajo estos supuestos tenemos que:

A’ = 10.300
P’ = 38.250
D = 2000 x 300% = 6.000
M = 4.500

Para no perder, B’= 2.000 + (31.000 – 10.300) – (37.000 – 38.250) – 6.000 + 4500 = 2.000 + 20.700 + 1.250 – 6.000 + 4.500 = 22.450 millones. Esto es más de 10 veces el valor en bolsa de la participación del Estado en Bankia, y bastante más que el valor en libros en la propia entidad (17.000 millones).

Es decir, que en este ejemplo, tendríamos que vender las acciones a un precio, como mínimo, 11 o 12 veces superior al actual. Si lo conseguimos, genial, porque podríamos inyectar dinero y sanear BFA sin coste real para los contribuyentes, pero eso no lo asegura nadie. Es más, es bastante improbable una revalorización de ese calibre, ya que tal como va la bolsa, el precio de las acciones de Bankia podría incluso bajar a pesar de estar “presuntamente limpia”, y eso sin tener en cuenta que la recapitalización de BFA, según se vaya reconociendo y actualizando el valor ficticio de los activos para adecuarlo al valor real, requiere del Estado que, como mínimo, adelante un dinero que va a hacer que el déficit aumente, y probablemente suba la prima de riesgo, con lo que ya tenemos excusa para nuevos ajustes y recortes.

La parte positiva… o no.

El Estado, a través de BFA, con su 45% de acciones de Bankia, podría efectivamente influir en cuáles deben ser las políticas de Bankia y abrir de ese modo el grifo del crédito a las PYMES y las familiar, pero la operación ha sido pensada para, precisamente, no tomar el control del banco, y dejar que la gestión sea totalmente privada, así que no tengo tan claro que el nuevo presidente vaya a dedicar sus esfuerzos en estos menesteres, cuando puede maximizar la rentabilidad de sus inversiones especulando, por ejemplo, con la deuda pública de los países periféricos de la UE. Evidentemente, si yo fuera el gobierno, sí que usaría mi poder en Bankia para reactivar el crédito, pero por pura coherencia ideológica me parece muy poco probable.